Ciudad de México.- Para continuar el análisis de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Óscar González Yáñez, organizó el tercer parlamento abierto en torno a esos ordenamientos legales.
González Yáñez confió que en septiembre estará listo un marco jurídico más robusto para combatir la corrupción.
“El compromiso es que una vez terminando este parlamento se hagan las adecuaciones necesarias para que en septiembre tengamos un marco jurídico y normativa que garanticen el combate a la corrupción, porque es un eslabón importante en la cadena del funcionamiento del gobierno con la sociedad”.
César Chávez Flores, de la Confederación de Cámaras Industriales, dijo que presentaron un documento donde exponen cuál de las hipótesis de sanción están en la ley de adquisiciones, y se plantea el problema de constitucionalidad que, de no atenderse, generaría impunidad ante resoluciones adversas en tribunales.
Del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Josefina Román Vergara, comentó que en los artículos 59 y 70 se estima pertinente que se relacionen con el capítulo relativo a actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves, a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas porque hay que establecer congruencia.
Gustavo Santillana, de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, indicó que no se debe perder de vista que las adquisiciones son de medicamentos e insumos, “estamos hablando del derecho humano a la salud, por lo que es necesario se tenga la certeza de que se van a cumplir los requisitos de seguridad y eficacia que mandata la Ley General de Salud”.
De Transparencia Mexicana, Carla Crespo consideró que es necesario que se defina cuáles son los requisitos que deberán atender las unidades compradoras para que este supuesto que se acaba de incorporar en la ley sea procedente y también que se destine un responsable para su autorización y se determinen mecanismos de seguimiento a la ejecución de los contratos o convenios que se firmen.
